La jueza Sylvia Sánchez, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió el auto de sobreseimiento a favor de los exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM).


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La jueza Sylvia Sánchez, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió el auto de sobreseimiento a favor de los exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM).

Vanessa Salgado, Juan Chiriboga, Javier Lemos y Marco Antonio Bravo, y Elsa Vivanco, representante de la empresa Satré Comunicación Integral, quienes eran investigados por el presunto delito de peculado en el que es procesado el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado.

El auto de sobreseimiento se da a cuatro días de que la fiscal general encargada Ruth Palacios, al no encontrar elementos de convicción suficientes, presentó ante la jueza Sánchez un dictamen abstentivo a favor de los cinco.

Al no ser nombrados en la lista de abstentivos, se espera que llegue un dictamen acusatorio para los cuatro procesados restantes: Alvarado; Galo Pacheco, exadministrador del contrato con Víctor Hugo Erique en la SECOM; el exsubsecretario Nacional de la SECOM, Pablo Yánez; y el proveedor Carlos Bravo, gerente de la compañía Gota Azul.

La providencia emitida cerca de las 14h00 del martes revoca todas las medidas cautelares de carácter personal y real dictadas en el presente caso en contra de los sobreseídos, es decir, la orden de prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de bienes, fondos y demás activos.

La jueza del caso ordenó que de manera inmediata se giren las boletas constitucionales de excarcelación a favor de Lemos y Bravo, pues son las únicas personas que se encontraban detenidas y que son parte de la lista de sobreseídos.

El próximo 23 de enero se realizará en la Corte Nacional de justicia la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de peculado contra Alvarado, Yánez, Bravo y Pacheco. La diligencia inicialmente estaba prevista para el 14 de enero pasado, pero la misma se difirió.

Sobre este caso, el contralor general subrogante Pablo Celi, calificó de un «acto lamentable contra los intereses del Estado» y de que no hay fundamento alguno para justificar el retiro de cinco de los nueve acusados por el delito de peculado.

 


Con información de Ecuadorinmediato







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