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Eurodiputados constatan la contaminación de Chevron en la Amazonía ecuatoriana



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Los eurodiputados Lola Sánchez y Helmut Scholz recorrieron en Sucumbíos las zonas donde se produjeron daños ambientales causados por la transnacional Chevron (antigua Texaco). Integrantes de la Unión de Afectados por Texaco acompañan a los dirigentes en el recorrido.

La delegación arribó a Lago Agrio (Sucumbíos) el domingo y permanecerá en el país hasta el 21 de julio. El objetivo de la visita es recabar información sobre el daño ambiental, el proceso judicial que se mantiene en EE.UU. y la posibilidad de que este proceso sea trasladado a otros países. 

“Más de 25 años esquilmando la Amazonía, 2 Mill. ha contaminadas que afecta a comunidades enteras. Chevron debe asumir su responsabilidad”, escribió en su cuenta en Twitter Sánchez. 

En la red social, la eurodiputada también mostró pruebas de la contaminación. “Acaban de sacar esto del subsuelo. Está todo lleno. Se filtra hasta los ríos contaminando todo a su paso. Chevron elude su responsabilidad”. 

Chevron (Texaco) operó entre 1964 y 1990 en la Amazonía noroccidental ecuatoriana. Cada vez que perforaba un pozo, lo hacía siguiendo la misma técnica. Alrededor de la plataforma abría grandes fosas -piscinas- directamente en el suelo donde arrojaba el petróleo de prueba, los lodos de perforación y las aguas de formación, sin ningún tipo de impermeabilización ni consideración ambiental.

En aquella época esas prácticas eran ya consideradas obsoletas e incluso estaban prohibidas en algunos países, incluso en Estados Unidos.

Muchas de esas fosas fueron posteriormente cubiertas con tierra y ocultadas por la propia empresa, que nunca determinó el número exacto de piscinas construidas.

Durante el juicio de 1993, en el que los 30 mil afectados interpusieron contra la petrolera, los demandantes descubrieron 996 piscinas.

Cuatro décadas después, estas continúan filtrando sustancias tóxicas en el subsuelo y contaminando las aguas subterráneas.

En noviembre de 2013, un tribunal ecuatoriano condenó a la transnacional a pagar nueve mil 500 millones de dólares, un pago que se resiste a abonar.

 

Fuente: El Telégrafo

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