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China promulgó una nueva normativa que refuerza la influencia del régimen comunista sobre los proveedores de información por Internet, a las puertas de un importante congreso del partido en el poder, que se celebrará a finales de año.


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China promulgó una nueva normativa que refuerza la influencia del régimen comunista sobre los proveedores de información por Internet, a las puertas de un importante congreso del partido en el poder, que se celebrará a finales de año.

Internet está muy controlado en China, donde el gobierno bloquea las redes sociales extranjeras como Facebook y Twitter y censura todos los contenidos juzgados políticamente sensibles.

Sin embargo, una nueva normativa publicada por la Administración China del Ciberespacio (ACC) endurecerá todavía más el control a partir del 1 de junio, anunció este miércoles la agencia China Noticias.

Las páginas webs, aplicaciones, foros de discusión, blogs, microblogs, medios sociales, mensajería instantánea y plataformas de vídeo en directo u otras entidades de selección o publicación de información, deberán, a partir de entonces, obtener un permiso antes de difundir contenidos sobre el gobierno, la economía, el ejército o los problemas sociales, precisó la ACC.

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Estos proveedores deben «guiar correctamente a la opinión pública», «servir a la causa del socialismo» y siempre «preservando el interés de la nación y del pueblo», precisó el órgano del Estado a pocos meses del Congreso Quinquennal del Partido Comunista Chino, que debería otorgar un nuevo mandato al presidente Xi Jinping, quien dirige actualmente el país.

Las entidades que no reciben ingresos públicos no estarán autorizadas a realizar reportajes originales, según la misma fuente.

Los empleados de los servicios en línea deberán seguir una formación y una evaluación ratificadas por el Estado, que les atribuirá una acreditación oficial. Los nombramientos de los altos responsables deberán ser aprobados oficialmente.

Finalmente estará prohibido establecer una coempresa con un socio extranjero sin pasar previamente por «una evaluación de seguridad», validada por el gobierno central.

Los infractores se exponen a multas de 30.000 yuanes (4.000 euros) y a una revocación de su permiso.

 

CC / El Telégrafo








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