Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, fundadores del Mercosur, decidieron este sábado de forma unánime suspender a Venezuela por «ruptura del orden democrático», una decisión que el bloque adopta por segunda vez contra un país miembro desde su creación.


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Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, fundadores del Mercosur, decidieron este sábado de forma unánime suspender a Venezuela por «ruptura del orden democrático», una decisión que el bloque adopta por segunda vez contra un país miembro desde su creación.

«La suspensión de Venezuela fue aplicada en función de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro y es un llamado para el inmediato inicio de un proceso de transición política y restauración del orden democrático», dice el comunicado suscrito tras una reunión de los cancilleres de los cuatro países en Sao Paulo.

«No se toman estas medidas con alegría, porque estamos constatando la ruptura institucional de un país (…) que también fue país de acogida de muchos latinoamericanos que huían de nuestras dictaduras» durante los años 70 y 80, dijo el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, en la rueda de prensa realizada al término de la reunión.

«Un gobierno democrático no puede convivir, de brazos cruzados, con una dictadura a nuestro lado. Es mi posición y la de Brasil», escribió la víspera en Twitter su par brasileño, Aloysio Nunes, cuyo país ejerce la presidencia semestral el bloque.

El punto de quiebre lo marcó la elección el domingo pasado de una Asamblea Nacional Constituyente promovida por el gobierno de Nicolás Maduro, fuertemente cuestionada por la comunidad internacional, y el encarcelamiento el martes de los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, que cumplían prisión domiciliaria.

Esta es la segunda vez que el Mercosur, fundado en 1991, aplica esa cláusula suscrita en 1998 en Ushuaia (Argentina), ratificada y ampliada en 2011, que estipula que «la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial» para la integración regional.

El llamado «Protocolo de Ushuaia» se aplicó previamente en 2012 contra Paraguay, tras la destitución del presidente Fernando Lugo, que fue sometido a un juicio político por el Congreso.



Fuente El Universo





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