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La legislatura rusa aprobó una medida el jueves que impone restricciones a la prensa en la internet y penaliza a cualquiera que insulte al Estado.


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@CiudadColorada | AP

La legislatura rusa aprobó una medida el jueves que impone restricciones a la prensa en la internet y penaliza a cualquiera que insulte al Estado.

La propuesta introduce multas por publicar materiales que muestren falta de respeto al estado, sus símbolos y los organismos del gobierno. Los reincidentes pueden recibir hasta 15 días en la cárcel.

La cámara baja, controlada por el Kremlin, aprobó la medida en su lectura final. Aprobó además una propuesta separada que bloquearía a cualquiera que publique “noticias falsas” en la internet consideradas peligrosas para la salud pública y la seguridad.

Se espera que las propuestas sean aprobadas sin obstáculos en la cámara alta, antes de ser firmadas por el presidente Vladimir Putin.

Oponentes dicen que las legislaciones son parte de las gestiones del Kremlin para silenciar las críticas y afianzar su control.

En los debates el jueves, el legislador comunista Alexei Kurinnyi advirtió que las autoridades pudieran usar la ley de “noticias falsas” para castigar a sus críticos.

Valery Gartung, del partido Una Rusia Justa, también criticó las medidas, diciendo que su vaguedad abre las puertas para interpretación selectiva.

El líder ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky habló de la necesidad de “combatir mentiras que lleven a revoluciones y guerras”, pero añadió que su facción no respaldará lo que describió como legislación insuficientemente preparada.

Los comunistas, Una Rusia Justa y la facción de Zhirinovsky votan usualmente por las posiciones del Kremlin en asuntos claves, por lo que sus críticas a la legislación indican ciertas divisiones.

Las propuestas prohíben la diseminación de “información poco confiable de importancia social” que pudiera “poner en peligro las vidas y la salud pública, crear la amenaza de violaciones a la seguridad pública y el orden o impedir el funcionamiento del transporte y la infraestructura social, las instalaciones de energía y comunicaciones sociales y los bancos”.

La medida las da a aquellos que publican tal información un día para corregirla o retirarla. Si no lo hacen, las autoridades actuarán para bloquearlos.

 








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