Este domingo, el Tribunal Regional Federal 4 (TRF-4) de Porto Alegre solicitó la liberación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. La orden fue dada por el juez Rogério Favreto tras el pedido de ‘habeas corpus’ de los diputados Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira


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Este domingo, el Tribunal Regional Federal 4 (TRF-4) de Porto Alegre solicitó la liberación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. La orden fue dada por el juez Rogério Favreto tras el pedido de ‘habeas corpus’ de los diputados Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira

De acuerdo con el despacho judicial, se determinó la suspensión de su detención por no haber fundamento jurídico. La liberación del exmandatario deberá cumplirse «en régimen de urgencia» este 8 de julio luego de presentarse ante la entidad carcelaria el documento oficial que lo ordena.

La decisión inicial del juez Rogério Favreto atendió al pedido de habeas corpus realizado por los diputados federales del Partido de los Trabajadores (PT), Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, abogados del ex presidente Lula. Los parlamentarios habían presentado un nuevo argumento: que la detención de Lula restringe el ejercicio de sus derechos políticos en la pre campaña presidencial y actividades partidistas.

La senadora y presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffman, explicó los fundamentos del nuevo pedido de habeas corpus:

“Este pedido de habeas corpus presenta un nuevo hecho, los procesos, los repetidos pedidos para que el presidente Lula pudiera participar de los debates presidenciales, de las discusiones políticas, para que pudiera conceder entrevistas, en fin, ejercer su derecho como candidato. Un derecho garantizado en la Constitución.

El juez Favreto comprendió que era relevante y añadió un cuestionamiento acerca de que la prisión en segunda instancia no está fundamentada como determina la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), afirmó Hoffmann.

 

 

El juez federal João Pedro Gebran Neto, involucrado en los procesos del caso de corrupción Lava Jato, determinó que no debe cumplirse la decisión tomada en esta misma jornada por el magistrado Rogério Favreto de liberar al expresidente brasileño Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.

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Gebran, responsable de analizar y juzgar los recursos de todos los presos condenados por Lava Jato, plasmó su decisión en un documento oficial. En este reiteró su autoridad en el caso del exmandatario y aseguró que la tramitación del ‘habeas corpus’ debe ser revisada por él.

El juez Sergio Moro, responsable por la condena de Lula en primera instancia, publicó un documento para defender que las autoridades policiales no deberían respetar la decisión de Favreto, por considerar que el juez de segunda instancia no tiene competencia para determinar la liberación del ex mandatario.

Debido a esta contienda, la Policía Federal no cumplió la orden de libertad y aun alegó que no había un comisario presente en aquel momento. Los parlamentarios responsables por el pedido de habeas corpus aguardan desde hace más de cuatro horas que se cumpla la orden de libertad. El tiempo promedio de espera para liberación es de una a dos horas, debido a los trámites.

Después de la posición de Sergio Moro, Favreto emitió un despacho para reiterar la liberación de Lula, señalando que cualquier integrante de la Policía Federal puede realizarla, bajo la pena de “responsabilidades por incumplimiento de orden judicial”.

Jerárquicamente, la decisión de Favreto es superior a la posición del magistrado Sergio Moro en la estructura del Poder Judicial brasileño.

João Gebran Neto, juez ponente de la Operación Lava Jato, emitió un despacho que desautoriza la liberación de Lula, después de manifestación del Ministerio Público Federal en la ciudad de Curitiba que contestara la decisión de Favreto.

Lula está en la cárcel en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba desde el día 7 abril, después de que el Supremo Tribunal Federal determinara su detención tras condena en segunda instancia, lo que va en contra de la Constitución brasileña, que determina que solo se puede detener a alguien tras juzgar todos los recursos presentados por la defensa. Sin embargo, la decisión del STF exige que se fundamente la detención.

¿De qué se le acusa a Lula?

Al líder del Partido de los Trabajadores (PT) lo acusan de aceptar un lujoso departamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS en sus contratos con la estatal petrolera. Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula sea el propietario del inmueble, y tampoco se ha identificado cuál sería el acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.

Por ese hecho, a Lula se le ha acusado bajo el cargo de corrupción pasiva, delito que supone que un funcionario público realiza o deja de cumplir un acto de su competencia a cambio de algún beneficio. Bajo ese alegato, fue condenado el año pasado a nueve años de prisión por un juez de primera instancia; la condena, revisada por un tribunal de apelación, fue confirmada en enero y elevó la pena a 12 años y un mes de cárcel.

Una consulta realizada en junio reveló que Lula da Silva cuenta con 33 % de la intención de voto, seguido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, con 15 %; la ecologista Marina Silva, con 7 %, el laborista Ciro Gomes, con 4%; y el socialdemócrata Geraldo Alkmin, también con 4 %.

 

Miles de seguidores están en las afuera de la policía hacen la Resistencia a favor de Lula

Desde la prisión de Lula, miles de personas viajaron a la ciudad de Curitiba en solidaridad con el ex mandatario. Movimientos populares y entidades sindicales del país protagonizan la resistencia por la libertad de Lula.

 

 

 


Redacción CiudadColorada.com







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