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Propietarios de night clubs en Santo Domingo se niegan a ser reubicados


Mujeres de diferentes edades se pasean por uno de los night clubs ubicado en la vía a Quevedo, algunas se sientan en la barra o afuera de sus habitaciones con vestidos extremadamente cortos, tacones altos, hasta mallas transparentes que no dejan nada a la imaginación.





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Los cuartos de aproximadamente 2 ½ por 2 ½ donde trabajan las chicas abren sus puertas cada noche, a donde llegan caballeros para pedir sus servicios sexuales.

Mujeres de diferentes edades se pasean por uno de los night clubs ubicado en la vía a Quevedo, algunas se sientan en la barra o afuera de sus habitaciones con vestidos extremadamente cortos, tacones altos, hasta mallas transparentes que no dejan nada a la imaginación.

Los hombres llegan entre amigos (otros solos, directo al grano), beben licor y deciden con quién ir. El tiempo varía, las puertas se abren y cierran innumerables veces en la noche. Es el ambiente en uno de los centros de tolerancia clausurado, pero donde se han declarado en resistencia y siguen laborando, pues hay que trabajar.

Algunos abren sus puertas como si nada, otros lo hacen de forma discreta, las autoridades saben de la situación, pues esto se viene dando hace algún tiempo y por algo específico, un proyecto que quedó en ‘stand by’.

Desde el Municipio se quiso reubicar a los centros de tolerancia fuera del perímetro urbano, pero no se logró un consenso entre propietarios y autoridades, las más perjudicadas serían las trabajadoras sexuales, pues estaría aumentando el trabajo de prostitución en las calles.

Antecedentes

Fernando Velarde, director de Planificación del Municipio de Santo Domingo, hace un recuento de lo que ha sucedido. Explica que hay una ordenanza de 2015 que indica que los centros de tolerancia deben ubicarse al menos a dos kilómetros del perímetro urbano.

Además a un kilómetro del perímetro urbano en cabeceras parroquiales y sus instalaciones deben estar al menos a 100 metros al interior de la vía principal, al menos a 200 metros de centros educativos, casas de salud y parques, algo que no se cumplía en ese entonces y tampoco ahora.

Dice Velarde que desde el 2014 se venía advirtiendo esto y varios plazos se dieron, donde tres night clubs adquirieron terrenos que aparentemente cumplían con los requisitos y por eso ellos si están funcionando con normalidad, pero asegura que el permiso vence este año así que deben demostrar avances en sus construcciones y se les podría aumentar el plazo.

Luego, el alcalde Víctor Manuel Quirola, propone un terreno ubicado en la vía a Quevedo kilómetro 13, donde quienes viven en el sitio y sus cercanías, así como desde una unidad educativa, se opusieron con plantones y marchas por miedo a que aumente la inseguridad en su zona.

Frente a esto intervino el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, realizando varias reuniones, pero en ninguna se llegó a algún acuerdo, así que según Velarde, ante la falta de consenso el Alcalde decide simplemente aplicar la ordenanza.

Actual

Lo que sucede ahora es que precisamente los  centros de tolerancia están funcionando sin el permiso y hay chicas que han tenido que salir a las calles a trabajar.  Yanira Quintanilla, intendenta de Policía, ha podido palpar el problema de cerca.

Ella explica que en los últimos cinco meses han hecho 223 operativos, de los cuales la mitad son a estos centros, solicitando permisos y documentación de las trabajadoras.

“Con el problema que tienen con el Municipio ellos se han declarado en rebeldía”, dice la funcionaria que sabe de la situación y de que están abriendo y explica que es un tema que se les sale de las manos porque es competencia del Municipio solucionar este problema. Ellos han cerrado algunos centros, incluso hay reincidentes.

Ha observado ‘paradas’ nuevas y conjuntamente con la Policía y Seguridad Ciudadana retiran a las chicas de los puntos, pero ellas regresan y más no pueden hacer al respecto. En cambio, desde el Municipio se dice que es competencia de la Intendencia.

Este medio buscó a representantes de centros de tolerancia pero no se pudo pactar entrevistas. Sin embargo, Paulina Rueda, coordinadora provincial de Derechos Humanos en la provincia y quien ha estado junto a ellos en este proceso,  expresa que las mujeres están obligadas a salir a las calles porque no tienen donde más trabajar.

Ella aduce que el Municipio ha sido “discriminador” al dejar funcionar a unos centros y a otros no. Según explica, serían cuatro los burdeles que están trabajando y tres ya cerraron definitivamente. “Ellos no están laborando de forma clandestina, están acogidos a su derecho a la resistencia, tienen seguridad, control y todo”.

Para ella este tema ha aumentado el trabajo sexual en las calles, asegura que si antes había 150 trabajadoras sexuales en las calles ahora hay un poco más de 300, según un censo de la asociación Las Barbies. (VG)

Lo que se viene

Yanira Quintanilla, intendenta, dijo que buscarán la forma con el gobernador encargado, Rodrigo García, de realizar un acercamiento con el Municipio para abordar este tema y tratar de buscar una solución

 

Con información de La Hora




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