Este viernes 31 de julio, en la jornada matutina, la Comisión del Derecho a la Salud recibió los criterios de Diana Salazar, fiscal General del Estado; y, de María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, respecto a las acciones para determinar a los posibles responsables de la entrega irregular de carnés de discapacidad.





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Este viernes 31 de julio, en la jornada matutina, la Comisión del Derecho a la Salud recibió los criterios de Diana Salazar, fiscal General del Estado; y, de María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, respecto a las acciones para determinar a los posibles responsables de la entrega irregular de carnés de discapacidad.

Diana Salazar informó que han establecido un plan integral de investigación. El 6 de julio de 2020 emitieron una resolución, a través de la cual se destinan fiscales especializados para el caso. Además, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con varias entidades del Estado para obtener, de forma organizada, información relacionada.

Sostuvo que la investigación se halla en la etapa de indagación previa, por tanto están amparadas bajo el principio de reserva legal, y no puede detallar las actividades. Además, reveló el número de casos que están en indagación, por provincia, y que serán investigados como delincuencia organizada.

NOTA: Guayas es la que tiene mayor número de irregularidades en el otorgamiento de carnés de discapacidad.

Insistió que la emisión fraudulenta de estos documentos advierte la conformación de una estructura delictiva a nivel cantonal-provincial, con la participación de funcionarios públicos para cometer delitos aduanero-tributarios. También, alertan la participación de la empresa privada que ha promovido la obtención de carnés para alcanzar ciertos beneficios.

“No podemos especificar tiempos de investigación, pero tengan la certeza de que justamente se designaron fiscales especializados para que las investigaciones avancen con efectividad y celeridad”, aseguró la fiscal, al tiempo de hacer un llamado a todas las instituciones del Estado a colaborar con las investigaciones.

Las preocupaciones trasladadas a la funcionaria fueron sobre los casos que han sido denunciados por la Senae; fecha de resultado de las investigaciones preliminares; indagación a las empresas privadas; investigación desde antes de la pandemia; auditoria a la Senae; aportes desde la Asamblea para que el proceso sea ágil y eficiencia; la posibilidad de ampliar el número de fiscales que se encargan de la investigación, considerando que existen 68 noticias sobre el cometimiento de delitos en ocho provincias.

Ángel Sinmaleza recordó que el Ministerio de Salud ha conformado un equipo auditor con funcionarios de la misma entidad y ante ello, surge la interrogante sobre las acciones que se han aplicado para evitar que se conviertan en “juez y parte”. Elizabeth Cabezas considera que los esfuerzos en la investigación se deben centrar en el sector público que facilitó o comercializó los carnés de discapacidad. La emisión de los carnés se dio a cambio de un valor económico e incluso se publicitaba a través de redes sociales, puntualizó.

Nancy Guamba, tras mencionar que las personas con discapacidad tienen graves dificultades para obtener el carné, preguntó si la investigación puede abordar ese ámbito. La Fiscal respondió que investigan el cometimiento de delitos.

El presidente de esta mesa legislativa, William Garzón, consultó si hay la colaboración del Ministerio de Salud Pública para el desarrollo de la investigación, pues el país necesita resultados de manera urgente. La Fiscal señaló que hay un buen nivel de colaboración.

Procesos disciplinarios

Sobre los procesos disciplinarios iniciados por el Consejo de la Judicatura para sancionar el presunto uso irregular de carnés de discapacidad en la función judicial, María del Carmen Maldonado aseguró que iniciaron varias acciones de investigación con apego a la ley.

Dijo que las gestiones las desarrollan a través de la Dirección de Transparencia y han sido múltiples. El 3 de julio de 2020, el Pleno de la Judicatura dispuso iniciar la investigación y esa misma fecha pidieron información al Ministerio de Salud.

Reveló que unas 703 personas entre jueces, conjueces, agentes fiscales, notarios, defensores públicos, administrativos judiciales y de la Fiscalía poseen carnés de discapacidad, sobre los cuales esperan que el Ministerio de Salud Pública remita la información para verificar si los carnés fueron obtenidos de manera legal o no.

Aseguró que durante la pandemia ningún juez obtuvo carné de discapacidad, pero sí seis administrativos. En enero y febrero de 2020 dos jueces de Guayas y Cañar reportan credenciales de discapacidad.

En el campo disciplinario, el Código de la Función Judicial prevé 18 infracciones gravísimas, entre ellas, por proporcionar o utilizar información o documentos falsos para la selección de personal e inscripción de nombramientos. Lamentó que hasta la fecha el Ministerio de Salud no haya entregado la información requerida por el Consejo y por ello están impedidos de aplicar el código disciplinario.

El presidente de la Comisión, William Garzón, conminó al Ministerio de Salud Pública a que envíe de manera urgente la información requerida por las diversas instituciones.

 

Fuente: Asamblea Nacional







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