La tarde de ayer, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) validó el proceso en casación y ratificó la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación con ciertas modificaciones. Correa y Jorge Glas, exvicepresidente, fueron los instigadores para que se configure el delito de cohecho.





0 4.576

La tarde de ayer, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) validó el proceso en casación y ratificó la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación con ciertas modificaciones. Rafael Correa y Jorge Glas, exvicepresidente, fueron los instigadores para que se configure el delito de cohecho.

A la ex asistente de Correa, Pamela Martínez, se le redujo la pena de 38 meses a 9 nueve meses y 22 días, mientras que para el empresario Alberto Hidalgo, el Tribunal cambió la autoría, cambiándola de cómplice al grado de autor directo, dejando su condena en ocho años de cárcel.

Con un voto de minoría del conjuez Milton Ávila, el Tribunal ratificó la sentencia para el resto de procesados al no hallar errores en el manejo de la Ley. 

Finalmente, los magistrados declararon la improcedencia de los cargos casacionales y certificaron que no se atentó el derecho a la defensa, tampoco se alteró el bien jurídico protegido.

Ávila argumentó que la CNJ tuvo que aplicar otro artículo para el juzgamiento y que la condena sería de seis años para autores y tres para cómplices. El magistrado advirtió en su informe sobre el estado de inocencia de Viviana Bonilla y Christian Viteri, pero que debieron ser procesados por fraude procesal, pues sí recibieron dineros por la ejecución del cohecho.

Derechos políticos

Una de las sanciones establecidas por el Tribunal de Apelación, fue la pérdida de los derechos políticos de los acusados.

Ismael Quintana, constitucionalista, aseguró que desde la norma suprema, Correa está ‘sepultado’ políticamente de por vida.

Explicó que para los delitos de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito se aplica el artículo 233 de la Constitución, que los califica como imprescriptibles. “Esta inhabilitación, al ser candidato a elección popular, cuando se recibe condena ejecutoriada por esta clase de delitos se presenta de modo perpetuo”, indicó.

También citó al numeral 2 del artículo 113 de la Carta Magna, que precisa como inhabilidades para elección popular a quienes hayan recibido sentencia ejecutoriada por delitos sancionados por reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado.

La CNJ deberá informar al Consejo Nacional Electoral (CNE) del fallo y con esto se echa abajo cualquier pretensión de Correa para ser candidato.

La sentencia se considerará ejecutoriada solamente cuando se resuelvan los recursos horizontales de ampliación y aclaración que pudieran presentar los procesados. Estos no modificarán el fallo.

Ramiro Román, especialista en derecho penal, explicó que la decisión del Tribunal deberá ser notificada por escrito a las partes en el lapso de 10 días, después de ello, los acusados tienen tres días para presentar los recursos horizontales.

Una vez resueltos la sentencia regresa al Tribunal Penal que se encargó del juzgamiento, conformado por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez para que ejecutoria la sentencia.

  • Pérdida de derechos de ciudadanía por el tiempo que dure la pena de cada uno.
  • Pago de 14.7 millones como indemnización: 778 mil para cada autor y coautor, 368 mil para cada cómplice.
  • Comiso de bienes inmuebles de todos los sentenciados.
  • Disculpas públicas en la Plaza de la Independencia.
  • Colocación de una placa en Carondelet con esta frase: “Los
    recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética”.
    Realizar un curso de al menos 300 horas académicas sobre la ética laica y transparencia en administración pública.

“Hoy no ganó la Fiscalía, todo el Ecuador fue vencedor porque la justicia se está inaugurando en el país”. Esas fueron las palabras con las que la fiscal general, Diana Salazar, inició su intervención luego de concluir la audiencia de casación del caso Sobornos.

Tras enfrentarse con 20 reconocidos abogados, ella pudo probar la materialidad del delito de cohecho en el que incurrieron exaltos funcionarios públicos y un grupo de poderosos empresarios. La defensa de los procesados argumentó durante todo el proceso que este es un caso de persecución política, pero los jueces en diferentes instancias demostraron lo contrario.

Sobre quienes se encuentran prófugos, Salazar indicó que una vez ejecutoriada la sentencia ya le corresponde a la Policía localizar a los sentenciados para que cumplan las condenas.

“Se confirmó la existencia de una estructura criminal conformada por funcionarios públicas y contratistas que se beneficiaron de la contratación a cambio de la entrega de sobornos”, puntualizó.

Desde el sector empresarial ‘aplauden’ la decisión

Tras ratificar la sentencia en el caso ‘Sobornos 2012-2016’, la reacción desde el gremio empresarial fue por el lado de recalcar que ese hecho debe sentar un precedente para que la corrupción sea duramente sancionada, tanto para el funcionario público como para las empresas privadas deshonestas.

Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias, calificó a la fiscal, Diana Salazar, como una mujer valiente que enfrentó a la corrupción y logró llevar a la justicia a los culpables.

“Hoy es día importante para la justicia del Ecuador. Debemos trabajar en una cultura de la transparencia y la honestidad que nos permita crecer y reactivar la economía”, dijo

En este sentido, la mayor tarea será, de ahora en adelante, romper con el círculo de la corrupción que ha permeado todos los sectores del país, según Roberto Almeida, constructor. “Desde los empresarios más pequeños hasta los más grandes, la única consigna debe ser que el soborno o la coima se sustenta si hay dos partes: el que da y el que recibe”, acotó.

Según la Comisión de Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Ecuador pierde cada año alrededor de $3.500 millones en ingresos por causa de la corrupción. 

Sentencias ratificadas

Nombre Pena de cárcel Condición de culpabilidad

1 Rafael Correa 8 años Autor mediato por instigación

2 Jorge Glas 8 años Autor mediato por instigación

3 Alexis Mera 8 años Coautor

4 Vinicio Alvarado 8 años Coautor

5 María Duarte 8 años Coautor

6 Walter Solís 8 años Coautor

7 Viviana Bonilla 8 años Coautora

8 Christian Viteri 8 años Coautor

9 Pamela Martínez 9 meses y 22 días Coautora

10 Laura Terán 3 meses y 6 días Cómplice

11 Alberto Hidalgo 8 años Autor directo

12 Víctor Fontana 8 años Autor directo

13 Rafael Córdova 8 años Autor directo

14 Ramiro Galarza 8 años Autor directo

15 Edgar Salas 8 años Autor directo

16 Pedro Verduga 8 años Autor directo

17 Bolívar Sánchez 8 años Autor directo

18 William Philips 8 años Autor directo

19 Teodoro Calle 8 años Autor directo

20 Mateo Choi 8 años Autor directo

 







También podría gustarte