Diecisiete días de problemas legales ha enfrentado la Municipalidad de Cuenca. Todo comenzó el 19 de junio con la prisión preventiva del exgerente de la Empresa de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado (Etapa) Iván P.


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Diecisiete días de problemas legales ha enfrentado la Municipalidad de Cuenca. Todo comenzó el 19 de junio con la prisión preventiva del exgerente de la Empresa de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado (Etapa) Iván P. y ahora con la detención del contrato para la remodelación de la plaza de San Francisco. En ambos casos por supuestas entregas de obras a familiares.

Carlos Orellana, concejal del cantón, dijo que el tema de la entrega de contratos para la plaza de San Francisco ya fue advertido la semana anterior a la vicealcaldesa, Ruth Caldas, “pero ella indicó que se va a revisar”.

Orellana pidió información básica sobre el asunto, por las sospechas que se habían planteado y que el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, ha confirmado.

La alerta la puso el propio alcalde en su cuenta de Twitter, al indicar que existe una relación de parentesco “entre el exsecretario de Infraestructura y Obras Públicas y uno de los miembros del consorcio”.

Cabrera dijo ayer que se tomarán las acciones que correspondan, pero también indicó que de ninguna manera se paralizará el proyecto. “Se buscarán las alternativas y si es del caso contratar, en el menor tiempo posible, para la realización del proyecto que es de vital importancia, lo haremos”, dijo.

Felipe Abril, asesor del alcalde, señaló que “la revisión del proceso de San Francisco muestra una posible inconsistencia. El ingeniero Argudo fue delegado del alcalde como Secretario de Obras Públicas de esa época para participar en ese proceso, sin embargo la sola participación no implica inhabilidad”.  Abril expresó que la entrega del informe jurídico, técnico y legal se hará en las próximas horas por parte de la comisión para determinar las acciones a seguirse.

“Si se detecta la inhabilidad, el alcalde puede dar por terminado el contrato de forma unilateral e inmediatamente convocar a un nuevo proceso de contratación, lo que tomaría un mes o un mes y medio”, indicó Abril.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 63, numeral 3, señala que “los miembros de directorios u organismos similares o de la comisión técnica de la entidad convocante, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”, no podrán celebrar contratos con la entidad contratante.

Características de la obra

La remodelación de la plazoleta de San Francisco para los ciudadanos y autoridades es de vital importancia. Este sitio se halla en el Centro Histórico y desdice de la armonía que tiene la ciudad. “Es un sector que afea el centro, sucio, mal organizadas las ventas de ropa y calzado; se usa las aceras para exhibir las prendas”, dijo el ciudadano Fernando Ortega.

El proyecto incluye la remodelación y adecuación de cuatro espacios más que están cercanos a la plazoleta. Estos son el Pasaje León, ya terminado, destinado para los comerciantes otavaleños, y la Casa Ullauri (terminada); la dotación de 77 plazas de parqueaderos exclusivos para clientes en el inmueble que ocupaba el Consorcio de Juntas Parroquiales, en las calles General Torres y Presidente Córdova, para la implementación de una Unidad de Policía Comunitaria. Y, el adecentamiento de la Casa de la Mujer, ubicada al frente de la plaza.

El sitio contará con 130 locales para los 120 comerciantes que tiene la plaza en Cuenca.

Ratificada prisión para gerente de la empresa Etapa

Tras la detención del exgerente de Etapa, Iván P. la empresa nombró a uno encargado, Boris Piedra. Sin embargo, ayer estaba previsto que se designe al titular, tras la ratificación de la prisión preventiva por parte de la Fiscalía en contra del involucrado.

Según un boletín, por pedido de la Fiscalía, la Sala Penal del Azuay ratificó la orden de aprehensión contra Iván P., procesado por presunto tráfico de influencias en la empresa municipal.

El juez ponente Julio Inga y la jueza Jenny Ochoa desecharon el recurso de apelación a la prisión preventiva, solicitado por la defensa del procesado. Mientras que la jueza Julia Elena Vásquez salvó su voto.

En la audiencia de apelación el fiscal Pedro Coello solicitó a los jueces que se ratifique la medida cautelar, para garantizar la comparecencia de Iván P. durante el proceso.

El fiscal Pedro Coello argumentó ante los jueces que, mientras se desarrollaba la audiencia de formulación de cargos, el 12 de junio de 2017, aproximadamente a las 17:20, se le entregó un parte policial que indicaba que Iván P. se encontraba en el aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo y que tenía un boleto para viajar a Miami ese mismo día, a las 18:30.

Inmediatamente, al conocer esto el fiscal Pedro Coello solicitó al juez de Garantías Penales de Cuenca, José Peralta, que se dicte la prisión preventiva lo cual fue aceptado. Iván P. fue detenido afuera del aeropuerto la noche del 12 de junio del 2017, luego de que no habría podido salir del país.

Las investigaciones continúan al interior de Etapa para esclarecer el supuesto hecho que fue denunciado, mientras el alcalde ha dado todas las facilidades para el trabajo de los agentes.

 

Fuente: El Telégrafo








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