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La huelga de maestros públicos en Perú, que afecta desde hace más de dos meses a 3,5 millones de escolares, se ha convertido en un férreo pulseo entre el gremio y el gobierno que acusa a los dirigentes de cercanía con el brazo político de Sendero Luminoso.


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La huelga de maestros públicos en Perú, que afecta desde hace más de dos meses a 3,5 millones de escolares, se ha convertido en un férreo pulseo entre el gremio y el gobierno que acusa a los dirigentes de cercanía con el brazo político de Sendero Luminoso.

Estoy de acuerdo con su justa lucha por mejores condiciones, pero aquí hablamos de una pequeña minoría de dirigentes que tiene una vinculación documentada y ambigua con Sendero Luminoso, aseguró el ministro del Interior, Carlos Basombrío.

El Ministro expuso el lunes ante la comisión de Educación del Congreso los supuestos lazos de algunos dirigentes de los maestros con el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef, el brazo político de la exguerrilla maoísta Sendero Luminoso (SL).

Este grupo, considerado terrorista en el país, es ilegal. «¿Esto convierte a los profesores en terroristas? Por supuesto que no», aclaró el propio ministro, cuyas declaraciones echaron más sal a la herida entre los maestros en huelga, que refutaron sus acusaciones.

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Rechazo categóricamente las denuncias, replicó Pedro Castillo Terrones, cabeza visible de la huelga tras negar que forma parte del Movadef.

Más del 70% de las escuelas de educación pública del país están paralizadas, según el ministerio de Educación, que cifra en unos 3,5 millones de niños de 19 regiones del Perú.

Los afectados por esta huelga que empezó el 15 de junio con el respaldo de varias ramas regionales del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).

El nudo gordiano de la negociación es el pedido de los huelguistas para acabar con las evaluaciones de rendimiento a los maestros, alegando que corren el riesgo de perder el puesto en caso de no aprobar.

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Asimismo, exigen un aumento del piso salarial a 4.050 soles (unos 1.250 dólares). El gobierno ha accedido prácticamente a todas las demandas salariales, aunque será de manera gradual pero se niega a ceder sobre la evaluación de rendimiento de los maestros, en un intento de depuración de la carrera magisterial.

Ante el estancamiento del conflicto, el partido fujimorista, Fuerza Popular (FP), de Keiko Fujimori, mayoritario en el Congreso, se ha ofrecido a mediar para encontrar una solución.








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