La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos concluyó este jueves que el Estado peruano es responsable por la grave violación de DD.HH. de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde diciembre del 2022.
El informe titulado “Violación de los derechos humanos en Perú (diciembre de 2022- febrero de 2023)” señala que “resulta indubitable la responsabilidad internacional del Estado peruano por las violaciones constatadas”.
“Gran parte de las vulneraciones -constatadas-, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional”, destacó.
La organización de DD.HH. apuntó que el Estado de Derecho y el orden democrático en Perú “se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiéndose garantías judiciales básicas y elementales”.
Asimismo, se denunció una interrupción de la continuidad constitucional en la titularidad del Ejecutivo debido a que “el ex presidente constitucional fue destituido sin observar el procedimiento expresamente previsto en la norma magna del Estado”.
De igual forma, el documento subraya que el Estado peruano “hizo uso de modo abusivo, arbitrario e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DD.HH.”.
“El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DD.HH.”, añadió.
A partir de ello, el texto recalca que el Gobierno de Perú “debe ser investigado por los homicidios, torturas, tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas armadas y de seguridad regulares”.
Además, agrega que debe ser investigado por “la utilización de armamento sofisticado y letal en violación de los protocolos y normativa internacional vigentes” y finalmente por impedir, limitar y condicionar “deliberada y violentamente”, la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
