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OBJETIVO: ¡CORREA!

Opinión - Marisol Bowen

Una marcha pacífica a las afueras de la Asamblea Nacional, en defensa del ex presidente Rafael Correa, recibió la más brutal represión morenista por parte de las fuerzas policiales.


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Una marcha pacífica a las afueras de la Asamblea Nacional, en defensa del ex presidente Rafael Correa, recibió la más brutal represión morenista por parte de las fuerzas policiales.

Los ciudadanos, mujeres y hombres, armados únicamente de carteles y consignas de justicia, fueron golpeados sin contemplación y rociados con gas pimienta, entre ellos varios Asambleístas que apoyaban -en su libre derecho- la manifestación popular, sin embargo la infamia ¡se salió con la suya!

Para fortalecer la lucha popular que ha dado inicio, es necesario tener claro el panorama respecto al pronunciamiento que finalmente emitió la Asamblea, ya que podríamos celebrar -sin saberlo- la fabricación de una cruz ¡en la que buscan crucificar a un hombre justo!.

Fernando Balda, denunció al expresidente Rafael Correa por un secuestro supuestamente suscitado en el año 2012 en Colombia, mientras Balda se encontraba en dicho país en condición de prófugo de la justicia porque pesaba sobre él una orden de captura emitida en Ecuador.

Finalmente Balda fue expulsado de Colombia para rendir cuentas a la justicia ecuatoriana. Los hechos sobre el secuestro, que son investigados, ocurrieron cuando Correa era Presidente de la República del Ecuador.

Considerando que legalmente los hechos deben vincularse en tiempo y espacio, el expresidente Rafael Correa goza de fuero de Corte, por lo que no puede ser vinculado penalmente, siendo la Asamblea Nacional, como órgano legislativo, la única con atribuciones para levantar o no el fuero al expresidente Correa y autorizar o no el enjuiciamiento penal, según lo establece el Art. 120 de la Constitución de la República del Ecuador.

En este punto es necesario acotar, como un elemento legal adicional, que respecto al fuero de un expresidente y la autorización de la Asamblea se sentó jurisprudencia con el expresidente Jamil Mahuad, cuando el entonces Congreso levantó el fuero de Mahuad para que sea enjuiciado penalmente. Es decir, en el ámbito jurídico y en derecho, lo que ya ocurrió puede legalmente volver a ocurrir.

En consecuencia, la Jueza de la Corte Nacional de Justicia, apegada a derecho y conforme indica el debido proceso, solicitó a la Asamblea Nacional la autorización para levantar el fuero a Rafael Correa y de esta forma vincularlo en las investigaciones del caso Balda.
En esta instancia la Asamblea, que debía entrar a debate y votación sobre la solicitud de la Jueza, decide hacer un cambio del orden del día, es decir, cambiar los puntos a tratarse, lo que no es otra cosa que pretender caer en la ilegalidad de no resolver una solicitud de carácter legal porque no contaban con las dos terceras partes de los votos como lo establece la Constitución y que debían ser 92, contando solo con 83.

Es aquí donde la Asamblea aplicó la trampa, que consistió en rehusarse a resolver con los votos existentes, -que no eran suficientes para darse el gusto de levantar el fuero a Correa-, se lavaron las manos indicando que la solicitud de la Jueza “es improcedente”.

Quebrantaron el debido proceso coartando un requisito ineludible de procedibilidad, lo que podría nulitar en un proceso penal todo lo actuado y poniendo en riesgo la legalidad del mismo al dejarlo en manos de la Corte, cuando la responsabilidad constitucional es netamente legislativa, es decir, solo la Asamblea puede autorizar o no que se levante el fuero de un expresidente para proceder en derecho.

Desde todos los ángulos podemos ver el contubernio y la mala fe en el entramado de la abominable persecución de la que es objeto Rafael Correa por parte del gobierno de Moreno.

La Asamblea no levantó el fuero porque no contaba con los votos suficientes como habrían querido, esto no significa que legalmente la Jueza pueda tomar acciones -como ya pregonan algunos medios de incomunicación- por una sencilla razón, legalmente ¡no le compete!

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En definitiva, Rafael Correa aún goza de fuero y no puede ser vinculado penalmente. Lo único legal que puede hacer la Jueza, en este caso, es exigir a la Asamblea que se pronuncie en derecho y acorde a sus facultades, ¡votando! Aunque esto no le guste a Moreno, pero jamás vincular a Rafael Correa en un caso penal sin la debida autorización de la Asamblea; eso violaría el debido proceso al no existir el desafuero legal y constitucionalmente requerido, convertiría en nulo todo lo actuado y finalmente ¡sería prevaricato!

El problema no radica en la vinculación de Correa en base a la denuncia de un hombre cargado de juicios en su contra por calumnias e injurias, -un profesional de la mentira-, sino en la persecución política que ha quedado clara por los varios casos de corrupción en los que han buscado vincular sin éxito a Correa y la evidente falta de garantías en un país sin estado de derecho ni independencia de funciones, donde el presidente amenaza con descaro a la Asamblea para que acceda a sus objetivos personales, carente de la “decencia” que predica, donde han violado la Constitución sin contemplación teniendo como “trofeo”, de la más aberrante injusticia, a un preso político, el Vicepresidente Jorge Glas, que fue vinculado, procesado y sentenciado sin pruebas.

El problema radica en el peligro de repetir la desgracias y entregar en bandeja de plata al hombre que podría volver a cambiar la historia de la patria y que, sin duda, sigue siendo la piedra en el zapato de un gobernante de ultraderecha, traidor, pérfido, entreguista, demagogo y vengativo; que ha demostrado con vehemencia repulsiva ¡hacer lo que le viene en gana!

Aquí también jugó un rol fundamental el Comunicado emitido por el presidente Moreno, donde deja clara la persecución a Rafael Correa, imponiendo el miedo sobre la legalidad, ya que prácticamente presionó públicamente a los Asambleístas a acceder a las pretensiones del odio y no de la justicia.

Antes por lo menos los infames guardaban las formas y fraguaban sus afrentas entre gallos de media noche, hoy -por barbaridades como esa a plena luz del día- la patria ha perdido el rumbo y somos el hazme reír internacional, ¡graduados en la vergüenza ajena!

Esperamos que la justicia obre con la rectitud de los principios y apegada a derecho, que la Jueza motive con la respectiva insistencia a la Asamblea a ejercer sus funciones como debe, que no es admisible la respuesta: “improcedente”, que resuelva con los votos existentes y admita -les guste o no- que Rafael Correa no puede ser vinculado penalmente.

En pocas palabras, lavarse las manos en la función pública es omisión y la omisión es un delito tipificado en el Art. 23 del Código Orgánico Integral Penal: “La conducta punible puede tener como modalidades la acción y la omisión. No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo”.

Para ser más explícita, el único miedo al que deben sucumbir los Asambleístas, -de ser el caso-, es a los juicios de repetición por obrar de forma ilegal. Finalmente, demostrarle al país ¡que aún tienen conciencia!.

El objetivo es Correa y la misión es la venganza, ese sentimiento visceral y diabólico que no caduca. El pueblo no correrá el riesgo de permitir que destruyan a Correa en un país donde el aire apesta a contubernio, persecución y conspiración, ¡apesta a injusticia!.

Cuando el manto tétrico de la injusticia cae sobre los hombres justos, ¡cae sobre la patria! El pueblo pierde un faro, una antorcha, una vela, ¡un hijo! ¡Y la patria paga el precio brutal de la cobardía!.

Nos han regresado a la vieja patria y la justicia por mano propia, pero si de algo pueden estar seguros ¡es que no nos hallarán dormidos!.

Es ahora que vamos a escribir la historia, es ahora que el mundo va a recordar ¡de lo que estamos hechos!.

#SiEsConCorreaEsConmigo

 

Marisol Bowen  (O)

CiudadColorada.com | Marisol Bowen

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