Penetrando en Lava Jato | Odebrecht

Desde septiembre del año pasado, un búnker de concreto en la Policía de Curitiba aloja Mywebday, el sistema de encriptación incautado por las autoridades suizas, la constructora brasileña Odebrecht utilizó el software para ocultar las coimas en proyectos alrededor del mundo.


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En 2015, la Fiscalía General suiza incautó los sistemas MyWebDay y Drousys a la empresa de almacenamiento Safe Host. El encargado de la investigación en un inicio fue el fiscal federal Stefan Letz. En octubre de 2016 se alejó de la Fiscalía suiza. Según su carta de renuncia publicada en medios de su país, no consideró que su trabajo fuera adecuadamente valorado. 

Como describió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2016 en el acuerdo que ese país, Suiza y Brasil firmaron con Odebrecht, el llamado Departamento de Operaciones Estructuradas utilizó MyWebDay “para hacer requerimientos de pagos, procesar pagos y generar hojas de cálculo que trazaban y hacían la contabilidad interna del presupuesto en la sombra”.

Se incluían los nombres de las obras por las que se pagaban las coimas. Drousys, mientras tanto, permitía la comunicación entre los miembros de Operaciones Estructuradas.

En febrero de 2017, el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía peruana, Alonso Peña Cabrera, reveló que Lenz fue muy colaborador con los peruanos. “Es el que sabe cómo se han llevado a cabo estas investigaciones.

Ayudó en su momento a Brasil, a nosotros también nos ha ayudado cuando le hemos enviado una carta rogatoria”, declaró. En agosto de 2017, Lenz firmó oficialmente un contrato de asesoría con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

PERÚ ENCRIPTADO

En febrero de 2017, el fiscal Castro requirió en Lima al abogado de Odebrecht, Luis Alberto Bramont-Arias Torres, información que le fue alcanzada sobre otros pagos ilícitos que Odebrecht habría efectuado en el Perú y que figuran en el sistema encriptado.

Entre los proyectos peruanos más resaltantes mencionados en MyWebDay están:

1)Gobierno de Alberto Fujimori (obras de 1997 a 2000):

–Carretera Ilo-Desaguadero

–Construcción de presa y canal en Ayacucho

–Marca II (contrato para construir túnel transandino ganado en 1997, suspendido luego por el MEF cuando Pedro Pablo Kuczynski estuvo al frente, en 2004).

2)Contratos y concesiones del gobierno de Alejandro Toledo (2001 – 2006)

–Laguna de Oxidación de San Bartolo

–Rehabilitación de los sistemas de agua y desague del Callao

–Sistema de agua potable de Chimbote

–Carretera Tingo María-Aguaytía

–Interceptor Norte Callao

–Proyecto Integral Olmos (Trasvase)

–IIRSA Norte

3)Contratos y concesiones del gobierno de Alan García (2006 – 2011)

–Carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa (San Martín)

–Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Iquitos

–Puerto de Bayóvar

–Muelle Sur Callao

–Concesión de Irrigación Olmos.

Odebrecht no le ha alcanzado a la Fiscalía la precisión sobre ninguno de estos posibles pagos ilícitos.

Aunque la información es parcial, el número de proyectos peruanos en el registro de MyWebDay superaría los 20 a lo largo de tres gobiernos, del total de 76 proyectos que ejecutó. No figuran proyectos correspondientes a la gestión de Ollanta Humala. Sin embargo, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, ex funcionario de Operaciones Estructuradas, declaró al juez Sergio Moro en junio de 2017 que en un punto las funciones de MyWebDay fueron absorbidas por Drousys. Así que podrían darse más sorpresas.

A pesar de esto, Jorge Barata –ex mandamás de Odebrecht aquí- sostiene que en el Perú sólo pagó sobornos en ocho casos. Por el acuerdo firmado con la justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza, la empresa reconoció que en el caso del Perú pagó US$29 millones en coimas. 

CONVENIO PRELIMINAR

En enero de 2017, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de corrupción de funcionarios –el equipo especial dirigido por el fiscal Castro- firmó con Ricardo Luis Machado Weyll, apoderado y director jurídico de Odebrecht, un convenio preliminar para el acuerdo final del proceso especial.

Allí la empresa se comprometió a facilitar toda la información necesaria a la Fiscalía, incluyendo la que sirva para corroborar la información suministrada por los dos colaboradores pertenecientes a la empresa –Barata y el otro ex directivo, Ricardo Boleira–, así la documentación se encuentre fuera del Perú.

EMPEZÓ CON FUJIMORI
Sospecha alcanza a Olmos, Interceptor Norte, Muelle Callao, Bayóvar, saneamiento en Iquitos y Chimbote, y más.

En sus declaraciones a Castro de enero de 2017, Barata reveló información sobre el pago de coimas a Alejandro Toledo por la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, a funcionarios de Ositran por el “destrabe” de los Certificados de Avance de Obras de ese mismo proyecto, a funcionarios del MTC por dos tramos de la Línea 1 del Metro de Lima, y por la licitación de la Avenida Evitamiento en el Cusco.

Barata también declaró los detalles de la contribución a la campaña de Ollanta Humala en 2011. Odebrecht entregó documentación parcial de esta información.

Por el contrario, si bien Barata declaró sobre el pago a la campaña del proceso de revocatoria de la ex alcaldesa Susana Villarán, la empresa no proporciona hasta ahora los documentos.

Sobre los archivos encriptados de MyWebDay, Barata tampoco ha dicho nada.

¿Puerto Bayóvar?  ¿Muelle Sur Callao? ¿Concesión Irrigación Olmos? A estas alturas del partido, el arco de la sospecha abarca desde Paita hasta Choquehuanca.

El abogado del brasileño, Carlos Kauffmann, confirmó a IDL Reporteros desde Sao Paulo que, a pesar de las declaraciones sobre colaboraciones a campañas políticas que Barata ofreció en calidad de testigo al equipo del fiscal de lavado de activos, Rafael Vela, no se ha logrado “cerrar un acuerdo de colaboración eficaz” con el fiscal que lidera el Equipo Especial, Hamilton Castro. La posibilidad de que colapse el proceso parece cada vez más cercana.

Pero resulta que en el Perú la colaboración la otorga un juez cuando la información que aporta sea corroborada y que la confesión sea completa, no por partes y cucharadas. El promedio que toma un proceso de colaboración eficaz en el Perú en concluir es de dos años y medio.

El pertinaz silencio de Odebrecht sobre la materia es sospechoso y frustrante.

Todo indica que Castro está convencido de que Barata y Odebrecht no están diciendo toda la verdad  ni por tanto pueden acogerse a la colaboración eficaz y sus términos. Para el equipo especial, solo puede cerrarse cuando los colaboradores entreguen toda la información disponible.

URGENTE REINGENIERÍA

A dos semanas de asumir en sus funciones como nuevo fiscal de la Nación, Pedro Chavarri recibe en estado crítico la situación del caso Lava Jato.

¿Por dónde plantear la reingeniería?

Mientras Castro avanzaba con la colaboración de Barata, el fiscal Rafael Vela de lavado de activos emprendió una interesante estrategia paralela por la que el brasileño, y otros ejecutivos de Odebrecht que incluyen al ex CEO Marcelo, declararon como testigos con el compromiso formulado ante la justicia brasileña de no criminalizarlos por los casos de aportes de campañas en los que declaren.

La última diligencia se realizó el miércoles 4 en Bahía, donde los fiscales Germán Juárez Atoche y José Domingo Pérez, del equipo de Vela, interrogaron al mencionado Alves Da Silva de Operaciones Estructuradas.

La defensa de Humala demandó incorporar su testimonio en la investigación fiscal, pues antes afirmó que la famosa sigla OH corresponde a un programa de televisión. Esto a pesar de que Barata y el mismo Odebrecht confirmaron la entrega del dinero a la campaña nacionalista.

Las agencias del Estado han mostrado una posición inconsistente frente al proceso. Desde que estalló el caso, la SUNAT y la Procuraduría jugaron sus propios partidos con cuentas inmovilizadas y pretensiones de una reparación civil que, según el ministro de Justicia, Salvador Heresi, estará en el orden de los US$1500 millones y será anunciada en los próximos días.

Basta recordar que las multas comprometidas con Brasil, Estados Unidos y Suiza están en el orden de los US$ 3500 millones. No suena muy coherente, aunque habrá que esperar la corroboración de nuevos sobornos.

Se sabe que el fiscal ha propuesto a los abogados de Odebrecht que sus patrocinados realicen declaraciones caso por caso en calidad de testigos, a la manera de las de lavado de activos, y que el declarante se favorezca con los términos de compromiso. Mientras tanto, el acuerdo de colaboración eficaz seguiría su trámite.   

En su momento Castro fue criticado por ser muy complaciente con la empresa. “No negociamos con criminales”, increpó una exprocuradora. Hoy le cae palo porque, en el fondo, demanda que se cumplan las condiciones para acceder a un acuerdo que descubra la corrupción con todas las de la ley.   

 

Con informació de Caretas.pe

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