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El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) se partió al momento de nombrar a la virtual presidenta del Consejo de la Judicatura: María del Carmen Maldonado.


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El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) se partió al momento de nombrar a la virtual presidenta del Consejo de la Judicatura: María del Carmen Maldonado.

Cinco de los siete integrantes de la entidad votaron a favor de rechazar la impugnación en su contra y nombrarla como consejera. Eduardo Mendoza, Xavier Zavala, Luis Macas, Myriam Félix y Luis Hernández la apoyaron.

Pero el consejero Pablo Dávila y el presidente del Cpccs-t, Julio César Trujillo, se abstuvieron. Previamente Dávila (con el apoyo de Trujillo) mocionó devolver toda la terna de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), a la que pertenecía Maldonado, por supuestos conflictos de intereses, pero los otros cinco se opusieron.

Maldonado había sido impugnada por Ana Cristina Vera. La señaló por una supuesta cercanía con el Régimen del expresidente Rafael Correa Delgado. Ella trabajó en la Asociación CFE-PYPSA CVA-ICA, que estuvo a cargo de la fiscalización del proyecto de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y no encontró las irregularidades que ha denunciado el Gobierno actual.

Además, ella fue magistrada de la Corte Constitucional durante entre el 2012 y el 2015. Una de su actuaciones recordadas fue cuando, en septiembre del 2014, esa Corte desechó las demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Comunicación con base en un informe de su autoría.

La sesión del Cpccs-t para la elección de la Judicatura se citó para las 15:30, pero se instaló a las 16:20. Durante los minutos de retraso, los consejeros todavía dialogaban en voz baja y hacían apuntes en una hoja.

Finalmente, Darwin Seraquive, secretario de la entidad, leyó las dos resoluciones preparadas con anterioridad y tomó votación. Primero, se resolvió designar a Patricia Esquetini, Fausto Murillo, Ruth Barreno y Juan Morillo como los vocales titulares de la Judicatura.

Y a Jorge Moreno, Elsy Celi, Yolanda Yupangui y Jaime de Veintemilla como suplentes. Pero faltaban un titular y un suplente. Debían proceder de la terna de la CNJ. Dávila mocionó devolver la terna y pedir una nueva. No tuvo apoyo y se votaron las impugnaciones nombre por nombre.

Se aceptaron aquellas en contra de Rosa Merchán y Julio Arrieta. Y se rechazó la de Maldonado, quien por mandato constitucional será la nueva presidenta de la Judicatura tras la posesión en la Asamblea, para la que todavía no hay fecha pues es una potestad de la presidenta Elizabeth Cabezas.

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Además, teniendo en cuenta que los nombres de Arrieta y Merchán se rechazaron, el Cpccs-t recurrió a Álvaro Román, otro candidato de la Fiscalía, como el quinto suplente. El Consejo de la Judicatura administra la justicia en el país.

Si bien no tiene facultades jurisdiccionales, es decir, no dicta sentencias, se encarga de evaluar a los funcionarios judiciales como los jueces y también de supervisar las designaciones de jueces, fiscales y judiciales administrativos.

La resolución del Cpccs-t se toma en medio de reparos, en lo que tiene que ver a la terna CNJ. Además de las impugnaciones ciudadanas en el proceso, Hernán Ulloa, candidato al Cpccs definitivo -que se elegirá en las elecciones del 24 de marzo-, interpuso ayer medidas cautelares a la justicia.

Su objetivo era la suspensión del concurso. Cree que la falta de probidad de los candidatos de la CNJ y de la Corte misma para proponer una nueva terna dejaba sin piso el proceso. El lunes, la Contraloría hiciera la lectura del borrador de un examen a los concursos para la designación de jueces y conjueces de la CNJ y para las renovaciones parciales de los mismos 2011-2018.

En ese documento, que todavía no es definitivo, se encontraron varias anomalías en el concurso de la CNJ del 2011; y en las renovaciones del 2014 y del 2017.

En el 2011, por ejemplo, el personal que realizó la auditoría al concurso de selección no tuvo acceso a las pruebas de los candidatos porque estabanencriptadas y los funcionarios que llevaron el proceso no entregaron las claves cuando salieron de la entidad.

Por ende, no se pudo verificar si las calificaciones con las que se hicieron las designaciones eran reales. En la renovación del 2014, en cambio, los auditores detectaron que los méritos se calificaron de manera discrecional y no con base en el sistema diseñado para esa tarea.

Y en el 2017 se detalló que quienes evaluaron a los candidatos no eran profesionales independientes sino funcionarios judiciales. Por esta razón, en la resolución final de la designación. El Pleno del Cpccs-t añadió un artículo para exhortar a la nueva Judicatura a fijar los parámetros y empezar de inmediato la evaluación de los jueces y conjueces de la CNJ.

En contexto El concurso del Consejo de la Judicatura es el segundo que el Cpccs-t termina, en cuanto a los cuerpos colegiados. Primero fue el del Consejo Nacional Electoral (CNE). Y están en proceso el de la Corte Constitucional y el del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

María del Carmen Maldonado fue postulada por la CNJ. Es abogada con tres posgrados. Fue magistrada de la Corte Constitucional. Patricia Esquetini fue postulada por la Presidencia. Es doctora en jurisprudencia. Este será su primer cargo público. Fausto Murillo es candidato de la Asamblea.

Tiene especializaciones en derecho tributario y procesal. Desempeñó ocho cargos. Ruth Barreno fue propuesta por la Fiscalía. Tiene seis posgrados en derecho. Y desempeñó cinco cargos públicos previos. Juan Morillo fue postulado por la Defensoría Pública. Tiene dos posgrados en derecho. Tuvo nueve cargos públicos previos.

 


Con información de El Comercio







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