“Abdalá candidato a Presidente de la República… Acepté la candidatura”. Con este mensaje escrito en su cuenta de Twitter, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz anunciaba el pasado domingo que su rostro aparecerá en la papeleta de las elecciones generales programadas para el 7 de febrero de 2021.
La noticia, que también se transmitió en vivo por la plataforma Facebook, la dio en medio de cuestionamientos legales por los que la Fiscalía tiene abiertas dos investigaciones en su contra: una por tráfico de armas y otra por tráfico de bienes de patrimonio cultural. Sin embargo, el anuncio sería el inicio de una estrategia jurídica de Bucaram para dilatar sus procesos judiciales.
El constitucionalista André Benavides explicó que de acuerdo con el artículo 108 del Código de la Democracia, al ser candidato él no podrá ser procesado ni tampoco privado de la libertad.
Según esta norma, este ‘blindaje’ corre desde “el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados”. De acuerdo con el mismo articulado para estos casos tampoco cabe el enjuiciamiento, “salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. Proclamados los resultados podrán activarse procesos penales contra ellos”.
Según Benavides, esta “inmunidad” de la que gozaría Bucaram se extendería desde septiembre u octubre de este año hasta abril o mayo de 2021. “Con eso garantizaría no ser privado de su libertad y otra que los procesos queden suspensos, al menos por este período”, explicó.
El analista dijo que el anuncio de Bucaram tendría más un contexto judicial que político, pues su eventual postulación a la Presidencia no influye, a su criterio, en el panorama político por la baja intención de voto que podría acarrear el expresidente.
Alfredo Arboleda, quien defiende al exjefe de Estado en las investigaciones por tráfico de armas y bienes culturales, desestimó la idea de que su defendido busque beneficiarse de la inmunidad que ofrece el Código de la Democracia a los candidatos.
Aseguró que la intención de la candidatura de Bucaram ya venía sonando desde antes que le ‘salpiquen’ los líos judiciales. No obstante, mientras anunciaba que correrá por las presidenciales, él aseguró que no tenía la intención de hacer política, pero que lo hace por lo que considera, se está viviendo un “terrorismo de Estado”.
Los procesos por tráfico de armas y bienes de patrimonio cultural que se siguen en contra de Bucaram iniciaron luego de que las autoridades hallaran una pistola, municiones y figuras de cerámica durante el allanamiento que ejecutaron el pasado 3 de junio en su vivienda, donde, además, se encontraron cajas repletas de insumos médicos.
A partir de ese allanamiento se desprendieron otras acciones legales que alcanzaron a sus hijos, Dalo, Michel y Jacobo Bucaram, sobre quienes pesan órdenes de prisión preventiva por una investigación relacionada con el presunto delito de asociación ilícita, por supuestamente estar involucrados en una trama de corrupción en la comercialización de insumos médicos en hospitales públicos de Guayaquil.
Actualmente los tres y la esposa de Dalo Bucaram, Gabriela Pazmiño, se encuentran prófugos de la justicia.
