La investigación derivó en el hallazgo de una red de altos cargos que exigía pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y del pago de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit S.A, entre 2017 y 2020.


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Confirmado.net

El excontralor general del Estado ecuatoriano Pablo Celi deberá cumplir 13 años y 4 meses de cárcel y pagar como indemnización 250.000 dólares, tras ser hallado culpable de delincuencia organizada en el caso denominado Las Torres, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) en las últimas horas.

Otras 10 personas fueron sancionadas igualmente en este caso, iniciado tras la detención en Estados Unidos en 2019 de dos ecuatorianos por el delito de lavado de activos.

«Los hechos probados demuestran que 11 personas (incluido el excontralor Pablo C. formaron parte de un estructura delictiva para cometer delitos de corrupción y lavado de activos», dijo la FGE en Twitter.

La investigación derivó en el hallazgo de una red de altos cargos que exigía pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y del pago de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit S.A, entre 2017 y 2020.

Según la FGE, el propósito de la red de corrupción era obtener un beneficio económico del 20 por ciento del pago de una factura de 20.345.609,60 dólares que la estatal petrolera adeudaba a la empresa Nolimit S.A., para lo cual se planificaron actividades delictivas cometidas entre Estados Unidos y Ecuador.

Junto a Pablo Celi deberá cumplir similar pena Pablo F., exgerente de la estatal petrolera Petroecuador, y pagar la misma suma como reparación al Estado ecuatoriano.

En tanto otros dos exfuncionarios fueron condenados a 9 años de prisión como colaboradores del delito de delincuencia organizada, y otros 6 a 7 años tras las rejas, también como colaboradores.

Una de las implicadas fue sentenciada a 6 meses de prisión por su colaboración eficaz en el proceso de investigación.

En tanto, 5 de los procesados deberán indemnizar al Estado con el pago de 100.000 dólares cada uno y ofrecer disculpas públicas al pueblo ecuatoriano.

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