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Pólit no retornará al país si no hay garantías legales


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Jorge Acosta, procurador legal del Contralor del Estado, Carlos Pólit, dijo que su patrocinado no retornará al país por cuanto no existen garantías legales para que pueda responder adecuadamente a las faltas que le imputan.

Además indicó que Pólit pidió licencia por 60 días luego de la ceremonia de cambio de mando presidencial, por cuestiones médicas, por ello viajó a Miami.

El retorno de Pólit sería posible a finales de julio si existieran las garantías respectivas.

Pese a ello, la Asamblea Nacional anunció  que lo llamará a juicio político tras  conocerse que la Fiscalía inició una indagación previa a Pólit por el supuesto delito de concusión.

Acosta dijo que en el proceso instaurado contra el Contralor no existe evidencia ni pruebas anexadas del supuesto delito, por este motivo un perito investigador solicitó el allanamiento de la vivienda de Pólit en Guayaquil y de su suite en Quito.

El abogado indicó que en esa diligencia “no se encontró nada, solo una pequeña caja fuerte dentro de la cual había un reloj marca Rolex que pertenecía al inquilino”.

La indagación surgió a raíz del análisis que hizo la Fiscalía del informe que presentó la Contraloría sobre el proyecto hidroeléctrico San Francisco, que motivó la expulsión de la empresa brasileña Odebrecht del país por fallas en la construcción. A decir de Acosta, en esto “no hay ninguna falta” cometida por Pólit.

Por eso no entiende con qué pruebas o en base a qué la Asamblea quiere enjuiciarlo. Sin embargo, resaltó que en caso de que se emprenda, Pólit no vendría sino que enviaría a un representante legal o, incluso, daría su versión a través de videoconferencia.

Respecto a por qué coincidencialmente Pólit nombró representantes legales dos días antes del operativo de Fiscalía (el 2 de junio pasado) que allanó viviendas, 3 empresas y detuvo a 6 personas por el caso de corrupción de Odebrecht, Acosta  indicó que “es un trámite normal que hace una persona” y que ese poder tramitó Pólit en el consulado de Ecuador en Miami.

DATO

El delito de concusión está tipificado en el artículo 281 del Código Integral Penal (COIP), y se da cuando un funcionario público “abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordena o exige la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas”. Prevé como sanción la pena privativa de libertad de tres a cinco años.

 

Fuente: El Telégrafo

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