El presidente de la República, Lenín Moreno, remitió a la Asamblea Nacional la programación cuatrianual 2017-2020 y la proforma presupuestaria de este año, que asciende a 36 mil 818 millones de dólares.
El precio promedio del petróleo se fijó en 41,69 dólares por barril, el déficit fiscal en 4 mil 700 millones de dólares y el crecimiento del PIB 0.7 %.
La proforma asigna al sector educativo, 5 mil 199 millones de dólares; salud, 2 mil 779 millones; bienestar social, 1048 millones; desarrollo urbano y vivienda, 1156 millones; ambiente, 111 millones con 933 mil dólares; asuntos internos, 1770 millones; defensa nacional, 1683 millones; asuntos del exterior, 159 millones con 290 mil dólares; finanzas, 230 millones con 959 mil; trabajo, 49 millones con 269 mil; agropecuario, 298 millones con 720 mil; recursos naturales, 795 millones con 118 mil; comercio exterior, 40 millones con 506 mil; turismo, 24 millones con 193 mil; comunicaciones, 1039 millones; función electoral, 135 millones; transparencia y control social, 268 millones.
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La Asamblea Nacional, según el artículo 295 de la Constitución, tiene 30 días para aprobar u observar la proforma presupuestaria anual y la programación cuatrianual en un solo debate.
La proforma está financiada por valores que provienen de impuestos por 14 mil 760 millones de dólares, tasas y contribuciones, 1609 millones; transferencias y donaciones corrientes, 3 mil 222 millones de dólares; transferencias y donaciones de capital e inversiones, 3 mil 241 millones; financiamiento público, 11 mil 670 millones, entre otros rubros.
El mandatario explicó que el documento recoge una visión institucional respecto al desempeño macroeconómico global de mediano plazo, la política fiscal y el análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Además, presenta las proyecciones de ingresos, gastos y financiamiento de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado para el período 2017-2020 y las proyecciones macro fiscales, tales como: estimaciones de gasto tributario, cumplimiento de las disposiciones constitucionales referentes a las asignaciones a educación, salud, transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados por concepto de participación de ingresos permanentes y no permanentes, estimaciones de subsidios, estado de pasivos contingentes y asignaciones para la reducción de brechas de equidad.
Este instrumento de gestión pública está orientado a contribuir en la construcción de una política fiscal sostenible de mediano plazo, incrementar la eficiencia en la asignación de los recursos y mejorar la calidad de los servicios públicos por parte de los distintos actores y ejecutores del sector público.
