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La Defensoría del Pueblo presenta denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de lesa humanidad durante las protestas de octubre de 2019 y pide prohibición de salida del país del presidente de la república, ministros y otras personas involucradas




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Una vez conocidas las violaciones a los derechos humanos cometidas contra las víctimas de la represión de octubre de 2019, establecidas en el informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, este martes 23 de marzo de 2021, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, presentó una denuncia por el presunto cometimiento del delito de lesa humanidad en contra de Lenín Moreno, presidente de la República; María Paula Romo, exministra de Gobierno; Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa; y, otras personas, para quienes solicitó la prohibición de salida del país.

Ante el riesgo de que las personas involucradas salgan de Ecuador y no comparezcan en el proceso ni colaboren con la investigación y, considerando que el delito de lesa humanidad no prescribe, también requirió el arraigo de: Nelson Villegas, excomandante general de la Policía; Lenin Bolaños, exjefe del Estado Mayor de la Policía; María Fernanda Tamayo, exinspectora General de la Policía; Hernán Carrillo, exdirector General de Operaciones de la Policía; y, Víctor Aráus, excomandante de la Zona 9, personas involucradas en el cometimiento del presunto delito de lesa humanidad.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado se requiere la activación de los mecanismos de cooperación penal internacional para identificar el paradero exacto de María Paula Romo, y se solicita que, de manera urgente y prioritaria, se ingrese al Defensor del Pueblo y a su familia al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal. “Ante las múltiples amenazas contra mi integridad física y la de mi familia, es fundamental contar con protección especializada para cumplir cabalmente mi función”, indicó el Defensor.

La investigación de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia analizó 519 testimonios, de esos 249 corresponderían a vulneraciones a los derechos humanos, presuntamente, perpetradas por agentes estatales, por lo que el carácter generalizado del ataque contra la población civil y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales configuran el delito de lesa humanidad.

“Violaciones al derecho a la integridad personal con lesiones oculares graves, al derecho a la libertad personal, ejecuciones extrajudiciales, atentados contra el derecho a la vida y violencia sexual, fue la tónica de las protestas de octubre de 2019. Ningún proceso de reconciliación nacional es posible sin antes establecer la debida justicia y garantías de reparación a las víctimas de octubre”, señaló el Defensor, tras dar a conocer que él y su familia han sido víctimas de amenazas de muerte desde que se inició la investigación de lo sucedido en las protestas sociales de 2019.

Para acceder a la denuncia ingrese a:

 

 

Fuente: https://www.dpe.gob.ec/







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