Consejo de Participación Ciudadana presentaron demanda contra el Estado ante la CIDH

El vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Edwin Jarrín, y las consejeras Tania Pauker y Sonia Vera, presentaron una denuncia en contra de la República del Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que la consulta popular convocada para el 4 de febrero es inconstitucional.


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El vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Edwin Jarrín, y las consejeras Tania Pauker y Sonia Vera, presentaron una denuncia en contra de la República del Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que la consulta popular convocada para el 4 de febrero es inconstitucional.

En la denuncia, presentada el 28 de diciembre, los consejeros solicitan medidas cautelares por la “flagrante violación a lo contemplado en el artículo 8, 23 y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en consecuencia de los actos inconstitucionales que el presidente Lenin Moreno ha ejecutado a Consulta Popular y Referéndum, sin el dictamen previo de la Corte Constitucional”.

El documento, que fue difundido en redes sociales en las últimas horas, señala que el artículo 8 de la Convención, en su literal 1, establece que “toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

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Asimismo, el artículo 23, literal 1, explica que “todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país”.

Los consejeros remitieron esta acción “a la espera de que la comunidad internacional reaccione ante la serie de atropellos e ilegalidades que vienen ocurriendo en el Ecuador y que pretenden disfrazarse de democracia”.

 

Redacción CiudadColorada.com | Andes

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